ASESORES Y CONSULTORES
EN LA ESCALA

A consecuencia de la huelga indefinida de la LAJ, esta plataforma, pionera en España y a nivel mundial, permitirá a los abogados bloquear los acuerdos hasta que se efectúen los pagos, agilizando las transacciones, devolviendo el dinero al mercado y garantizando al extremo los niveles de seguridad. El sistema facilitará la transacción de las cifras asociadas a las consignaciones judiciales con el "máximo nivel de seguridad jurídica". Asimismo, la plataforma también es aplicable para el resto de los sectores ajenos a la abogacía; el sistema ya opera en servicio inmobiliarios, compraventa y en diferentes bienes y servicios.

Según el TS, los empleados podrán extinguir el contrato de forma unilateral percibiendo una cuantía económica similar a la que se recibe cuando se produce un despido improcedente. Para tener derecho a percibir indemnización es requisito necesario presentar una prueba de gravedad en el incumplimiento empresarial a la hora de efectuar los salarios a plazo, donde justifica la vulneración "cuando el impago de los salarios no es un mero retraso esporádico, sino un comportamiento persistente, de manera que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos". El Supremo trata de defender a las empresas que tengan situaciones puntuales en los que resulta imposible efectuar los pagos en plazo. Sin embargo, carece de justificación el retraso continuado de las retribuciones mes a mes o durante todo el año.

Así lo ha declarado una reciente sentencia de la AN, que ha desmontado la tesis de la empresa porque según señala no se puede “obviar el derecho de las trabajadoras despedidas disciplinariamente -a las que se optó por readmitir en la empresa- a percibir los salarios de tramitación que por imperativo legal deben percibir”. Además y siguiendo los argumentos de la Abogacía del Estado, tampoco se puede trasladar a las Administraciones Públicas “las consecuencias de la declaración de improcedencia del despido soportando el abono de las prestaciones correspondientes al periodo de suspensión de los contratos” por ERTE para sustituir el pago de los salarios de tramitación cuyo abono corresponde en exclusiva a la empresa.

Economía lanza hoy a consulta pública el reglamento de desarrollo de la Ley Crea y Crece, que da un año a la gran empresa y dos a las pymes para implantar la facturación digitalizada e interconectada con la plataforma del Fisco. El Gobierno defiende la iniciativa como una "medida para digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes de transacción y facilitar la transparencia en el tráfico mercantil", a la vez que la presenta como una palanca "clave para poder atajar de manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales". La facturación electrónica ya está relativamente extendida en sectores como el gran consumo, la automoción, las agencias de viajes y Horeca (hoteles, restaurantes y caterings), pero la universalización de su uso supondrá pasar de los 296 millones de facturas electrónicas de 2021 a cerca de 1.000 millones en 2025.