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EN LA ESCALA

Hacienda ha establecido un plan para acabar con el actual tapón de los tribunales económicos administrativos, paso obligatorio para recurrir las decisiones de los diferentes departamentos de la Agencia Tributaria y paso previo para que el contribuyente pueda acudir a la vía judicial con sus desacuerdos con Hacienda.
El retraso medio de los TEA es de más de dos años. Tan solo en el TEA de Madrid, en los últimos años había más de 60.000 empresas y ciudadanos con algún expediente pendiente de resolver. En los últimos años, a pasar de los esfuerzos de los TEA, hay unas 350.000 reclamaciones pendientes de resolver. El Ministerio de Hacienda ultima las instrucciones para la implantación de un nuevo modelo de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) y en la Dirección General de Tributos con la colaboración de la Agencia Tributaria, que alojará sus sistemas de información, lo que reducirá costes y tiempos. Este plan no se queda únicamente de la informática, sino que se van a reforzar las plantillas.

Trabajo ultima una orden ministerial para que los afectados por ERTE tengan “la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral”, indica el texto normativo que prepara. No obstante, Trabajo no prevé destinar ninguna partida presupuestaria para financiar estos cursos formativos, que se costearán por los canales habituales: las bonificaciones en el caso de las acciones organizadas por las empresas o por subvenciones, según admite Trabajo en el análisis de impacto normativo de la orden ministerial.

Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia en una sentencia en la que declara procedente el cese objetivo de un trabajador y razona que registrar una "nimia" mejoría en el balance de resultados no es un impedimento para extinguir contratos por problemas financieros. Así, recuerdan que, si bien en el año 2018 hubo recuperación, esta fue "nimia", y además "revela la situación negativa posterior y anterior al despido y que tuvo como resultado final el cierre de la empresa".

El arrendador de un local comercial no puede pretender la extinción del contrato primitivo -que lo estaría por aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) 1994- cuando, con posterioridad a esa fecha y pese a concurrir causa legal de extinción, las partes han realizado actos reveladores de su voluntad de continuar con la relación arrendaticia, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 29 de octubre de 2020. Entre estos actos reveladores se encuentra el que se haya reducido el local arrendado dejando fuera toda la superficie dedicada a cafetería y los primitivos arrendatarios dejan todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la cafetería, de modo que la parte demandante se hace con las llaves del nuevo local y se las entregan a una inmobiliaria para gestionar su arriendo. El pacto de una nueva renta y la fuerte inversión en obras demuestra que había acuerdo.