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El Consejo de Ministros del próximo viernes tiene previsto aprobar un paquete de ayudas económicas y fiscales destinadas a los sectores agrario, pesquero y de transporte para paliar los costes adicionales a los que ya están teniendo que hacer frente consecuencia de la guerra iniciada en Irán hace ya más de dos semanas. En concreto, las medidas en las que está trabajando el Ministerio de Economía, en colaboración con los de Hacienda y Agricultura principalmente, se centrarán en bonificaciones a la adquisición de gasóleo agrícola (el B) y de fertilizantes, en el caso del campo y la pesca, y una rebaja extraordinaria en el combustible a los profesionales de vehículos pesados por carretera, según avanzan fuentes gubernamentales. En el paquete referente al gasóleo agrícola, el Gobierno trabaja con un esquema de bonificaciones fiscales que amortigüe las subidas que se están produciendo en los últimos días, cercanas al 15%. El campo y la pesca verían un alivio en sus costes fijos si se aprueba esta medida. Para el transporte por carretera, por su parte, el Ejecutivo trabaja en un esquema similar a la bonificación al carburante para los profesionales que estuvo en vigor en el 2022 y 2023. Las previsiones que maneja el Ministerio de Economía es que, en el peor de los casos, el conflicto en Oriente Medio pueda provocar una inflación de hasta el 4% interanual en los próximos meses.

El TS avala que las empresas eliminen los días de desplazamiento que dan a los trabajadores que tengan que coger el permiso para cuidar a familiares hospitalizados o enfermos, tras su ampliación a cinco días en 2023. La empresa del litigio concedía tres días de permiso para cuidar familiares y otros tres, en caso de viaje. Sin embargo, al adaptar el nuevo permiso de cinco días, eliminó los tres días de trayecto. El sindicato denunció que se trató de una decisión unilateral que perjudicó a la plantilla y que supuso una Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo. El Supremo concluye que la modificación que hizo la compañía deriva de un cambio legal que estaba obligada a implementar.

Las compañías tienen que abonar en abril, octubre y diciembre de cada año un pago mínimo del 23% de sus ganancias y, en la declaración definitiva del impuesto del ejercicio siguiente, el fisco ajusta cuentas (a semejanza de la Renta) y, si corresponde, les devuelve lo ingresado de más. El TC ya avaló el pasado 20 de noviembre el tipo mínimo del pago fraccionado de Sociedades. La sentencia del Supremo de este 20 de febrero analiza la norma desde otro punto de vista: si el legislador estaba facultado para modificar el IS a través de una ley de presupuestos. El fallo concluye que la norma del IS permite que las leyes de presupuestos introduzcan y modifiquen aspectos para cumplir las obligaciones derivadas del TFUE.

La asociación española de asesores fiscales ha presentado este miércoles un informe que recoge una batería de propuestas para mejorar la fiscalidad de la empresa familiar en el ámbito de la normativa estatal. Los expertos persiguen que las leyes nacionales de IRPF, ISD e IP se armonicen con las autonómicas para que los beneficios que permiten estas normas regionales no se queden desdibujados por la mayor rigidez de las estatales.

La Comisión Europea simplificará cinco directivas fiscales en materia del Impuesto sobre Sociedades para alcanzar el objetivo de reducir la carga administrativa de las empresas hasta un 25% y de las pymes, en un 35%, a cierre de 2029. Bruselas ya prepara la nueva Directiva Ómnibus de fiscalidad, con el objetivo de armonizar las reglas fiscales en todos los países de la UE, eliminar trabas a las empresas en el acceso a deducciones o exenciones en función del territorio, evitar la duplicidad impositiva y de presentación de información, y facilitar la comprensión y aplicación de las normas. La Comisión ha sacado a consulta hasta el 26 de marzo la propuesta para comenzar a elaborar el texto.

El director del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, Manuel Trillo, avisó ayer de que la Administración establecerá como uno de los objetivos para 2026 frenar los abusos fiscales ligados a estas estructuras, tal y como reflejará el Plan General de Control Tributario para este año que se publicará en los próximos días. Aseguró que las rentabilidades que obtienen los inversores de las AIEs en forma de incentivos fiscales en ocasiones han llegado a superar hasta el 1.000% de la inversión inicial, aunque lo habitual es que estén en el entorno del 150%. Los beneficios tributarios que proporcionan estas estructuras, señala, ha provocado que se genere un negocio propio en el que hay personas que se dedican a crear AIEs y poner en contacto a responsables de proyectos de inversión con socios que les financien. Como ejemplo, destacó que en los últimos cuatro años se ha multiplicado por cinco la constitución de estas entidades.

Las empresas no tienen la obligación de aceptar la solicitud de jubilación parcial anticipada de los trabajadores, aunque los empleados cumplan con todos los requisitos que exige la Seguridad Social. El TS establece que siempre será necesario que haya un acuerdo entre las partes. No obstante, la sentencia matiza que solo en el caso de que un convenio colectivo imponga a la compañía la obligación de aceptar la solicitud o firmar un nuevo contrato de relevo, los trabajadores podrán exigir entonces su derecho a la jubilación parcial anticipada de forma unilateral. La sentencia del Supremo, del pasado 27 de enero, analiza hasta nueve fallos previos similares para unificar doctrina.

La retirada de apoyo financiero por parte de una entidad de crédito a una empresa en concurso de acreedores puede ser motivo de una indemnización por daños, en caso de que esta decisión arruine sus opciones de viabilidad. El TS dictó en diciembre una sentencia que aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad y condena a dos bancos a indemnizar a una compañía por este motivo. El litigio implica a una empresa de equipos gráficos que fue declarada en concurso voluntario. La compañía contaba con contratos de cesión de créditos con dos entidades financieras, pero ambas bloquearon las líneas de financiación de forma unilateral tras la entrada en concurso.