Los profesionales del sector legal e inmobiliario han detectado un aumento de las consultas de inquilinos que quieren saber hasta dónde llega el derecho a disfrutar de una vivienda climatizada y si
pueden reclamar mejoras ante episodios de calor extremo. La respuesta, de momento, es clara: la ley no obliga al propietario a instalar aire acondicionado. "Es importante distinguir entre habitabilidad y confort". La cuestión puede complicarse cuando el calor está relacionado con las características del propio edificio. Una vivienda con un aislamiento térmico deficiente podría generar responsabilidades para el arrendador si se demuestra que las condiciones impiden su uso normal. "Se trataría entonces de una deficiencia relevante, pero habría que analizar caso por caso. El mal aislamiento por sí solo no implica una infracción legal si no compromete la salubridad o la seguridad", aclara la letrada.

Hacienda está facultada para comprobar cuotas de IVA pendientes de compensación generadas en periodos prescritos si estas se aplican en ejercicios posteriores que permanecen abiertos a la regularización, según establece el Tribunal Supremo. El ponente determina que la potestad para comprobar e investigar de la Administración es autónoma respecto al derecho a liquidar, por lo que Hacienda puede examinar plenamente los saldos de IVA generados en ejercicios prescritos cuando se pretendan compensar en periodos activos. Tras la reforma de la Ley 34/2015, la Inspección puede verificar el origen y la procedencia de estos saldos a efectos de liquidar los periodos posteriores no prescritos, sin que la prescripción del año de origen de las cuotas sea un obstáculo para dicha comprobación.

Es nula la cláusula de un sistema de retribución variable que permite excluir del cálculo del bonus de la retribución variable la totalidad de lo comercializado por el trabajador cuando se detectan determinadas incidencias en su actividad, según establece la Audiencia Nacional. El ponente dictamina que este mecanismo constituye una multa de haber, prohibida por el art. 58.3 ET, al privar al empleado de una retribución variable ya devengada como consecuencia de un eventual incumplimiento laboral. La sentencia declara que la medida excede del ámbito retributivo e introduce un régimen disciplinario objetivo, establecido unilateralmente por la empresa, al margen de la negociación colectiva y sin atender al requisito de culpabilidad propio del derecho sancionador laboral. Por el contrario, la Sala considera ajustada a Derecho una cláusula que minora el incentivo por la cancelación de productos comercializados en ejercicios anteriores.

Apenas seis meses después de entrar en concurso voluntario, el despacho especializado en reclamaciones en defensa de los consumidores frente a grandes empresas y administraciones ha solicitado este trámite al magistrado de la plaza número 9 de la sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid. La crítica situación financiera de Reclamador está relacionada con el parón del tráfico aéreo durante el Covid-19, que ha penalizado el flujo de entrada de nuevos casos. A esta situación se une la lentitud del sistema judicial español. Dado que su modelo de negocio se basa en el cobro de una comisión al finalizar con éxito la reclamación, los tiempos de espera en los juzgados castigan la capacidad de la empresa para monetizar su cartera de casos activos.