El Gobierno, ante el aluvión de solicitudes de los mutualistas pidiendo la devolución del IRPF (que asciende a un golpe de casi 1.000 millones por año para la Administración), aprobó en diciembre de 2024 una ley para devolver a estos pensionistas solo un pago por año. A juicio de la asociación, la decisión del Ministerio de Hacienda vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales tales como la igualdad, la prohibición de la arbitrariedad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena administración.