Los Centros Especiales de Empleo se preguntan si podrán seguir operando tras la futura Ley Integral del Impulso de la Economía Social, que cambiará las bases del sector del empleo protegido e impactará de lleno en el funcionamiento de estos Centros. Esta ley plantea eliminar su reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General. Para algunos, la ley impulsará y transformará el empleo y la inclusión de los discapacitados; otros temen que expulse a miles de personas del mercado de trabajo, que cuantifican en unos 65.000 puestos de trabajo. Los detractores de la propuesta normativa aseguran que "tendrá efectos perniciosos y contrarios a lo que persigue la ley" e impedirá la actividad de miles de pymes "hasta poner en riesgo la misma viabilidad del modelo del empleo protegido".